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Entre la ideología y el pragmatismo

Las empresas tienen motivos de sobra para desconfiar. Aunque Cristina Kirchner no ha hecho abuso de los decretos de necesidad y urgencia, cada vez que recurrió a ellos fue para cambiar reglas de juego sin otro consenso que un homogéneo coro de voces oficialistas. Ya ocurrió con el uso directo de reservas del Banco Central para financiar al Tesoro y ahora con el sorpresivo DNU que, sin necesidad ni urgencia, amplía la designación de directores de la Anses en una treintena de compañías privadas de primera línea.

La reacción empresaria fue tan dispar como los motivos que aduce el kirchnerismo para justificar que el Estado ingrese por la ventana en sus conducciones societarias. Mientras la UIA y AEA piden la revisión de la medida por haber elevado un tope establecido por ley, algunas empresas hacen valer cláusulas estatutarias para no modificar sus directorios, otras evalúan presentar recursos de amparo y un último bloque dice no preocuparse por convivir con más directores estatales en minoría accionaria, siempre que el cambio tenga tratamiento y aval legislativo. En síntesis, cada cual actuó según se ubique fuera o dentro de la arbitraria frontera oficialista que divide a las empresas entre enemigas o amigas del Gobierno.

Ninguno, en cambio, se atrevió a expresar públicamente sus temores por la latente interna oficialista entre La Cámpora y la CGT para ubicar hombres propios en esos sillones. Ni por el premio consuelo que podría recibir Hugo Moyano si fracasara en ese intento: la ley Recalde, que prevé la distribución de utilidades empresarias y el control sindical sobre resultados, bien podría salir de su actual freezer legislativo o convertirse en otro DNU. En este hipotético escenario, se mezclarían la ideología intervencionista del ala izquierda del cristinismo y el pragmatismo que significa apuntalar la alianza política con el líder camionero de cara a las elecciones. Todo un escozor, además, para los partidos opositores que en su momento consintieron la expropiación de ahorros individuales de futuros jubilados en el estatizado régimen de capitalización privada y ahora ni siquiera logran inspeccionar desde el Congreso el manejo del fondo de garantía que la Anses heredó de las ex AFJP (unos 180.000 millones de pesos). Un 54% de ese monto se destina a financiar al Tesoro, con tasas de interés reales negativas frente a la inflación, mientras el organismo destina un cupo comparativamente ínfimo a cumplir con cuentagotas con añejas sentencias judiciales a favor de miles de actuales jubilados.

Al margen de estos resquemores, otras razones alimentan las conductas empresarias defensivas. Aun la mirada más contemplativa del DNU 441 (según la cual sería razonable que el Estado haga valer en los directorios las participaciones accionarias recibidas de las ex AFJP), impide obviar que la Argentina no atraviesa su mejor momento institucional para este tipo de avances sobre la actividad privada.

En la práctica, el kirchnerismo ha demostrado que el Estado únicamente es sinónimo de Poder Ejecutivo; y que, como los fines justifican cualquier medio, todo vale para incumplir normas, alterarlas o aplicarlas discrecionalmente. Esta confusión de roles va más allá de cualquier ideología. Aun los defensores de un Estado activo no pueden pasar por alto la debilidad institucional que suponen el Indec y sus inverosímiles indicadores; los controles, los aprietes y las multas de Guillermo Moreno; el manejo de la caja fiscal al margen del presupuesto; los subsidios indiscriminados y sin transparencia en su asignación; el capitalismo de amigos; el impacto de la ex Oncca sobre el comercio agropecuario; el clientelismo político; la desnaturalización de los organismos reguladores y de control o el desconocimiento de fallos judiciales, aun de la Corte Suprema. Probablemente la era K tenga su lugar en la historia por sus resultados en cantidad (crecimiento del consumo, el PBI y la obra pública sin planificación); pero también por éstos y otros casos de mala calidad institucional, además de la tolerancia a la inflación, la destrucción del mercado de capitales o el deterioro de sectores clave, como la producción de hidrocarburos.

Hipoteca a más largo plazo
Es cierto que, entre ambos extremos, a muchas empresas les va bien con el boom de consumo interno y el viento de cola externo. Principalmente a las más alejadas del intervencionismo estatal o a las más cercanas al calor oficial. Pero también lo es que ninguna puede estar a salvo de sorpresas o cambios de categoría cuando las reglas se asemejan a una caja de Pandora o se resucitan viejos revanchismos políticos o ideológicos. El caso Papel Prensa, con participación minoritaria estatal, puede ser un buen ejemplo de este riesgo.

Con este marco, nadie puede asegurar que el ingreso de más directores de la Anses, La Cámpora o la CGT a las compañías afectadas por el DNU 441 tenga el propósito de fortalecerlas; ni por qué razón habría que suponer que el Estado actuará mejor que sus propios accionistas privados. Si no hubiera respuestas oficiales concretas a estos interrogantes, o se limitaran a vagas declaraciones como las que se escucharon en los últimos días, sólo se estaría buscando un impacto político de corto plazo: un gobierno populista que pone a raya a grandes empresas suele tener más rating electoral que aquel que promueve su expansión. Así, este enfoque ideológico poco tiene que ver ya con la pragmática idea que había barajado este mismo gobierno tras la estatización de la jubilación privada: utilizar el fondo de garantía de la Anses para crear un banco de desarrollo, a semejanza del Bndes brasileño.

Por lo pronto, la intempestiva decisión de CFK puede dificultar o encarecer el acceso al crédito externo que en el último año lograron varias compañías de primera línea, aun cuando no estuvieran alcanzadas directamente por esta medida. Y en algunos casos provocar el desvío fuera de las fronteras de inversiones en grandes proyectos, para evitar eventuales riesgos políticos o económicos. No es una buena noticia para un país que en los últimos años retrocedió del tercer al sexto lugar en América latina como receptor de inversiones externas y donde las multinacionales argentinas se cuentan con los dedos de una mano. Tampoco frente a la necesidad de agregar 4 o 5 puntos de PBI a la inversión privada para hacer sustentable el alto crecimiento de los últimos años, sin que la persistente inflación de dos dígitos anuales -la segunda más alta del mundo detrás de Venezuela- pueda hipotecarlo a más largo plazo.

A contramano de los discursos oficiales, la concepción y el trámite de esta decisión muestran que el gobierno de CFK sigue dispuesto a acentuar la intervención del Estado donde no hace falta y retacearla en aquellos sectores sociales (educación, salud, seguridad o Justicia) donde resulta insustituible. No es el único contrasentido con lo que ocurre hoy en buena parte del mundo, e incluso en países vecinos: la tendencia va hacia una mayor articulación público-privada, pero a través de reglas generales y estables para armonizar intereses y no para confrontarlos.

Néstor O. Scibona
Para LA NACION
nscibona@speedy.com.ar

Domingo 17 de abril de 2011

Fuente

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