Una iniciativa oficial de tinte netamente populista procura restringir la adquisición de campos por extranjeros
De acuerdo con los anuncios del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el Poder Ejecutivo Nacional se apresta a hacer público un proyecto de ley para limitar el derecho de los extranjeros a comprar tierras rurales en la República Argentina.
La iniciativa, que no ha sido previamente discutida con las entidades más representativas del campo, tendría como idea básica restringir la compra de grandes extensiones de tierra por parte de personas o sociedades del exterior, así como por parte de Estados extranjeros.
La oportunidad elegida para presentarlo en sociedad es bien sugestiva. En vísperas de un proceso electoral, el oficialismo parece insistir en un viejo discurso populista con algún tinte nacionalista y xenófobo, probablemente para no perder terreno frente a expresiones políticas minoritarias con propuestas socializantes. Y, de paso, apunta a seguir tratando de dividir a la Comisión de Enlace del sector agropecuario, desde que es conocida la propensión de la Federación Agraria Argentina a esta clase de iniciativas restrictivas que no son compartidas por otras de las entidades del campo.
Cabría preguntarse si la compra de tierras por extranjeros es más perjudicial para los argentinos que la venta de tierras fiscales a precios tan bajos como irrisorios a importantes funcionarios y amigos del oficialismo, un negociado sobre el cual la dirigencia kirchnerista ha guardado absoluto silencio. No podría ser de otra manera, cuando la familia presidencial y conspicuos dirigentes y funcionarios santacruceños se han beneficiado adquiriendo terrenos en la turística localidad de El Calafate a precios varias veces inferiores a los del mercado.
Mientras se suceden proyectos discriminatorios como el comentado, el gobierno nacional ha puesto en marcha su multimedio oficial para defender la iniciativa y atacar a algunos de los actuales propietarios extranjeros de tierras en nuestro medio. La artillería incluyó disparos contra la familia italiana Benetton; los grupos Cresud, Bunge y Born, Pampa Energía y Werthein; la señora Amalia Lacroze de Fortabat y el empresario británico Joe Lewis, propietario de una estancia en cuyo interior está ubicado el Lago Escondido. También fueron denostadas recientes inversiones rurales de procedencia china y malaya. De paso, se apuntó también a las viejas familias rurales, de modo de alimentar viejos resentimientos.
Un proyecto como el que está en carpeta requeriría un amplio debate sobre sus consecuencias. Es imprescindible preservar el respeto por el derecho de propiedad, lo que parece indispensable cuando es más que evidente que el Estado de Derecho hoy no está asegurado por una administración nacional consagrada a asfixiar sistemáticamente a los productores y a hostigar a quienes define como sus enemigos. Es así como el campo argentino ha estado sometido a una batería de agresiones constantes: presión tributaria agobiante; limitaciones burocráticas de todo tipo; dirigismo sordo, cuando de comercializar la producción se trata; restricciones a la exportación, de consecuencias absolutamente inéditas; ataques arteros, tales como acusaciones al voleo sobre trabajo esclavo, y la exhibición constante desde todos los atriles de un resentimiento político profundo, alimentado por una mayúscula ignorancia de la realidad rural.
Por todo esto, cabe esperar que, una vez conocido el proyecto, la cuestión sea objeto de un análisis con el respeto, la serenidad y la profundidad necesarias, de manera de evitar su uso abusivo con propósitos económicos, electorales o políticos, asociados con la intención de castigar a un sector que es el más dinámico y moderno de la economía nacional, pese a haber estado sometido en los últimos años a toda suerte de ataques contra los cuales se plantó con la tenacidad y el coraje que han quedado demostrados.